Nueve acusados en Taiwán por desviar servidores de IA con chips NVIDIA hacia China
La Fiscalía del Distrito de Keelung, en Taiwán, ha acusado a nueve personas por su presunta participación en el desvío de servidores de alta gama con chips NVIDIA hacia China. Según los investigadores, 74 de los 130 equipos implicados lograron sortear los controles de exportación y llegar a clientes chinos, generando un beneficio ilícito de más de 21 millones de dólares.
Una acusación con nueve implicados y dos empresas señaladas
La Fiscalía del Distrito de Keelung, en Taiwán, ha presentado cargos contra nueve personas vinculadas a un supuesto esquema para exportar ilegalmente servidores de IA de alta gama. Entre los acusados figuran un empleado de NVIDIA Taiwan y dos de Super Micro Taiwan, aunque los cargos recaen sobre individuos concretos y no sobre las compañías como tales.
La acusación se divide en dos ramas: ocho personas están relacionadas con el presunto desvío de los servidores, mientras que una novena figura en una causa separada por el vaciamiento patrimonial de una distribuidora. En esta segunda rama también están acusados dos de los ocho implicados en el caso principal. Los hechos investigados salieron a la luz tras una inspección realizada en septiembre de 2025.
Un pedido de 130 servidores que no cuadraba con el destino declarado
Según la Fiscalía, el pedido incluía 130 servidores de Super Micro equipados con tecnología B300 de NVIDIA. En la documentación de usuario final se indicaba que los equipos se instalarían en un centro de datos alquilado en Taiwán y que no serían reexportados vulnerando los controles aplicables. Sin embargo, los investigadores sostienen que varios de los acusados que participaron en la inspección ya sabían que aquel recinto no disponía del espacio, la potencia eléctrica ni el ancho de banda necesarios para operar semejante despliegue.
Pese a ello, Super Micro aceptó el pedido en tres tandas: 2, 64 y 64 servidores. La acusación mantiene que 74 de los 130 equipos acabaron finalmente en manos de clientes chinos. Dieciséis habrían salido directamente hacia China, otros 50 pasaron primero por Indonesia y ocho viajaron a Japón antes de continuar hacia Hong Kong y, desde allí, hasta un cliente chino. Los 56 equipos restantes también iban a abandonar Taiwán con destino a una empresa japonesa, pero las aduanas detectaron irregularidades y exigieron una licencia para mercancías estratégicas, por lo que la operación no llegó a completarse.
Por qué estos servidores están sujetos a control y qué incentivo había
El B300 pertenece a la generación Blackwell Ultra de NVIDIA y está diseñado para cargas de inteligencia artificial de muy alta exigencia. Este tipo de tecnología está sometida a controles de exportación por parte de Washington cuando el destino es China, aunque las reglas distinguen entre productos, destinatarios y licencias, e incluyen una revisión caso por caso para determinados modelos desde 2026. Taiwán aplica además su propio régimen sobre mercancías estratégicas.
El incentivo económico era considerable. Reuters señalaba en abril, citando a fuentes del sector, que los servidores B300 disponibles en China rondaban los 7 millones de yuanes, aproximadamente un millón de dólares, casi el doble de los 550.000 dólares que esas mismas fuentes situaban como referencia en Estados Unidos. En este caso, la Fiscalía atribuye a dos de los acusados más de 21,2 millones de dólares de beneficio ilícito por los 74 equipos que completaron el recorrido.
El desafío de controlar una cadena global de suministro
El caso taiwanés evidencia las dificultades de vigilar la cadena de suministro de semiconductores. NVIDIA es una compañía fabless: diseña sus chips y encarga su fabricación a socios como TSMC, cuya producción se extiende entre Taiwán y Estados Unidos. Empresas como Super Micro convierten después esos componentes en sistemas completos que atraviesan una red internacional de distribuidores y compradores.
Por eso las restricciones incorporan controles sobre el usuario y el destino final, no solo sobre la primera venta. La acusación sostiene que, en este caso, varias de esas barreras se sortearon desde dentro, lo que subraya la necesidad de reforzar las verificaciones en cada eslabón de la cadena. El proceso judicial contra los nueve acusados está ahora en manos de los tribunales taiwaneses.
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