Un abogado, multado con 450 euros por presentar 48 sentencias inventadas por ChatGPT en un recurso en Canarias

Un recurso repleto de sentencias fantasma

El letrado, cuyo nombre no se ha hecho público, presentó un recurso de apelación contra un fallo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. En su escrito, citó 48 sentencias del Tribunal Supremo y un informe del Consejo General del Poder Judicial que resultaron no existir. Según la información publicada, el abogado utilizó ChatGPT, una herramienta de IA de propósito general, y no verificó la existencia de los números de sentencia, fechas o identificadores en el Cendoj, la base de datos oficial de jurisprudencia española.

La sanción, de 450 euros, fue calculada por el tribunal como la mitad del coste anual de una suscripción a una herramienta de IA jurídica especializada. El TSJ de Canarias ha optado por una multa simbólica pero significativa, en un intento de subrayar la obligación de supervisión humana en el uso de estas tecnologías en el ámbito judicial.

Este caso no es aislado. En 2023, el abogado neoyorquino Steven Schwartz fue sancionado con 5.000 dólares por citar resoluciones inventadas por ChatGPT en un caso federal. En Alabama, tres abogados fueron apartados de un procedimiento tras colar cinco citas falsas, y en Utah un letrado tuvo que pagar las costas de la parte contraria y donar 1.000 dólares a una ONG legal.

En España, el Tribunal Constitucional ya reprochó a un abogado la "falta del debido respeto" por citar pasajes de 19 sentencias del propio tribunal que jamás existieron. Más recientemente, en julio de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia impuso 1.800 euros por 24 referencias inventadas o manipuladas en un recurso laboral, alegando falta de "control humano consciente y efectivo" conforme a la Instrucción 2/2026 del Consejo General del Poder Judicial.

El alto riesgo de alucinación en IA jurídica

El caso canario reabre el debate sobre la fiabilidad de la IA generativa en el ámbito legal. Un estudio del Stanford RegLab, titulado 'Large Legal Fictions', analizó 800.000 preguntas jurídicas verificables y encontró tasas de alucinación de entre el 58% (en GPT-4) y el 88% (en Llama 2) al solicitar datos concretos sobre casos judiciales reales. La actualización de este estudio, 'Hallucination-Free?', audita herramientas jurídicas premium que prometían cero errores: Lexis+ AI falló el 17% de las veces, Westlaw AI-Assisted Research el 33% y GPT-4 sin adaptar el 43%. Ni siquiera las plataformas de pago especializadas están exentas de este problema.

Los datos más recientes no invitan al optimismo: una guía jurídica de 2026 dirigida a abogados en ejercicio sigue citando tasas de alucinación del 69% al 88% en consultas legales. Esto refleja que, aunque los modelos han mejorado en otras áreas, la generación de jurisprudencia falsa sigue siendo un desafío pendiente. Por ejemplo, el Vectara HHEM Leaderboard, que mide la fidelidad en la síntesis de documentos, sitúa a GPT-5.5 en torno al 9,3% de error y a Claude Opus entre el 4% y el 6%, cifras muy alejadas del 17%-43% de las herramientas jurídicas premium en el estudio de Stanford de 2024, pero aún lejos de la fiabilidad total.

Consecuencias para el sector legal y la necesidad de supervisión

El incidente subraya un problema que trasciende lo anecdótico: la automatización sin verificación puede desestabilizar la práctica legal. Un análisis reciente sobre el impacto de la IA en la jerarquía laboral cita el caso de McKinsey, que ya opera con 25.000 agentes de IA junto a 40.000 empleados humanos, y estima que el 58% de las horas de trabajo en Europa serían técnicamente automatizables de inmediato. En este contexto, el abogado canario representa al profesional que confía en un output plausible sin contrastar, un fenómeno que los académicos llaman "sesgo de automatización": la tendencia a preferir respuestas rápidas frente a la verificación que exige tiempo.

Estudios recientes en otros campos refuerzan esta preocupación. Un estudio del MIT evaluó respuestas médicas generadas por IA y encontró que los participantes las calificaban como más completas y fiables que las de profesionales humanos, incluso sabiendo que uno de cada cuatro diagnósticos era incorrecto. En España, un 18% de la población acude a consulta médica por recomendación de una IA, y el 23% de los estadounidenses confía más en el juicio médico de una IA que en el humano. Este fenómeno no es exclusivo del derecho, pero en el ámbito judicial las consecuencias pueden ser graves para la administración de justicia.

La reacción social también es notable: el Pew Research Center señala que el 52% de los estadounidenses se siente ahora más preocupado que entusiasmado por la presencia creciente de la IA en su vida diaria, frente al 37% en 2021. En el caso español, el TSJ de Canarias ha dejado claro que la responsabilidad última recae en quien firma el documento. La instrucción del CGPJ 2/2026, citada en la sentencia gallega, exige un "control humano consciente y efectivo" sobre cualquier contenido generado por IA. Los tribunales españoles están enviando un mensaje claro: la IA puede ser una herramienta de apoyo, pero nunca un sustituto del criterio profesional.