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España obligará a las operadoras a ofrecer 100 Mbps y un descuento del 25% desde 2027

Fotografía que ilustra la noticia: España obligará a las operadoras a ofrecer 100 Mbps y un descuento del 25% desde 2027
(El Español)

El Gobierno español transformará el Servicio Universal de Telecomunicaciones a partir del 1 de enero de 2027. Un nuevo Real Decreto, que comenzó su tramitación en abril, sustituirá el modelo de un único adjudicatario por un sistema en el que todas las operadoras deberán ofrecer una conexión mínima de 100 Mbps de bajada, 5 Mbps de subida y una latencia de 690 milisegundos. La norma incluye un descuento obligatorio del 25% para hogares con rentas bajas, que afectará a unos 800.000 hogares, y amplía el servicio a pymes y organizaciones sin ánimo de lucro.

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Adiós al modelo de concesión única

El Servicio Universal de Telecomunicaciones, que garantizaba el acceso básico a internet en zonas donde no llega el mercado, cambiará su estructura en 2027. Según ha adelantado El Español, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dirigido por Óscar López, ha iniciado los trámites de un nuevo Real Decreto que actualiza un instrumento cuya adjudicación se realizaba históricamente mediante concurso público a un único operador.

Desde sus inicios, este servicio fue prestado primero por Telefónica y posteriormente por la satelital Hispasat, con velocidades máximas de 10 Mbps, una cifra que el Gobierno considera desactualizada. El nuevo modelo elimina la concesión única: cualquier operadora con cobertura en la zona de residencia del usuario podrá ofrecer la conexión regulada, y las compañías deberán incluir esta tarifa en su catálogo de productos.

La entrada en vigor coincide con el final del plan Conéctate 35, que concluye el 31 de diciembre de 2026. Con este cambio, el Ejecutivo busca ampliar la cobertura de banda ancha ultrarrápida a todas las regiones, incluidas las zonas rurales y remotas donde la fibra no llega. En estos casos, la vía satelital será la única opción viable para cumplir con los estándares mínimos, según recoge la normativa.

Estándares mínimos: 100 Mbps, 5 Mbps y 690 ms de latencia

El nuevo reglamento fija obligatoriamente unos estándares de calidad mínimos que dejan atrás las conexiones lentas. La velocidad de descarga será de 100 Mbps, la de subida de 5 Mbps y la latencia máxima garantizada de 690 milisegundos. Estas cifras suponen multiplicar por diez la velocidad mínima actual en el servicio universal, que apenas alcanzaba los 10 Mbps.

El Ministerio justifica este salto técnico por el despliegue masivo de fibra óptica en el país, la consolidación de la tecnología 5G y la expansión de las conexiones por satélite. En las zonas más aisladas, donde no llega la infraestructura tradicional, el Gobierno licitará el servicio a una o varias operadoras y financiará el coste mediante un fondo conjunto. Este fondo será financiado por todas las compañías de telecomunicaciones que facturen más de 100 millones de euros anuales.

Fuentes del sector consultadas por El Español apuntan a que este nuevo marco podría encarecer la operación en áreas de baja densidad, aunque el Ejecutivo confía en que el modelo de financiación conjunta y la eliminación del monopolio de adjudicación favorezcan la competencia y reduzcan los costes a medio plazo. No se han dado cifras concretas sobre el impacto presupuestario.

Descuento del 25% y ampliación a pymes y colectivos vulnerables

Una de las novedades más destacadas es la protección social que incorpora el nuevo Servicio Universal. El Ministerio de Transformación Digital aplicará un descuento obligatorio del 25% en la tarifa para hogares con rentas bajas, una medida que beneficiará a unos 800.000 hogares en toda España. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supervisará que todas las operadoras apliquen correctamente esta bonificación, que no podrá incluir permanencias ni penalizaciones para los beneficiarios.

El ámbito de aplicación se amplía a microempresas, pymes y organizaciones sin ánimo de lucro, que hasta ahora quedaban excluidas del servicio universal. Con ello, el Gobierno pretende asegurar que la digitalización no deje atrás a los colectivos más vulnerables y que las pequeñas empresas puedan acceder a una conectividad mínima garantizada.

La norma también introduce obligaciones de accesibilidad para personas con diversidad funcional. Las operadoras deberán ofrecer terminales adaptados a los usuarios que lo requieran e implantar de forma obligatoria el sistema de texto en tiempo real (RTT), que permite leer y escribir texto en la pantalla durante una llamada convencional. Esta herramienta, señala el Ministerio, facilitará la comunicación a personas con dificultades auditivas o del habla.